Con más de 30 cursos dedicados a la formación de profesores, y a pesar de la experiencia reconocida y de los programas acreditados, las instituciones de la enseñanza superior privada continúan fuera de los contratos-programa anunciados por el Gobierno.
La APESP ya ha manifestado formalmente al Ministerio de Educación, Ciencia e Innovación su total disponibilidad para integrar esta respuesta nacional a uno de los mayores desafíos educativos del país. Excluir al sector social, particular y cooperativo es, por lo tanto, desperdiciar recursos validados, duplicar esfuerzos y comprometer la eficacia de la solución.
En un momento en que el país enfrenta una escasez crítica de docentes, no movilizar todas las capacidades instaladas – independientemente de la naturaleza jurídica de las instituciones – es incomprensible y contraproducente.
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